El actual conflicto minero-energético en Colombia como oportunidad

La historia de la minería en Colombia data de tiempos prehispánicos y aún hoy es el sustento de miles de familias que la han ejercido tradicionalmente. Aunque la participación de este sector en el PIB nacional rondando el 2% no alcanza a hacer de Colombia un país minero, es innegable que a través de la historia esta actividad ha estado ligada al desarrollo socioeconómico de la nación, y de manera especial en algunas de sus regiones.

Tal es el caso del departamento de Antioquia, donde la minería de oro y de carbón fueron cruciales para el desarrollo empresarial que allí se gestó desde finales del siglo XIX, el cual aún sigue siendo factor de progreso para el país. No obstante junto a tales beneficios, la minería en Colombia también ha estado marcada por impactos sociales y ambientales considerables, y que aparte de la extracción ilícita de minerales y su efecto devastador sobre comunidades y ecosistemas, hay que señalar que la minería en sus diferentes escalas, como es el común denominador de las actividades industriales, también ha generado efectos negativos que no siempre han sido manejados de manera óptima, y para agravar el panorama, esta industria aún no logra posicionarse como el factor de desarrollo socioeconómico que ha prometido ser en las regiones y localidades que alojan sus proyectos.

Fue solo hasta finales de la década de los noventa que el sector minero global comenzó a apostarle más decididamente no solo a una gestión más efectiva de sus impactos, sino al desarrollo socioeconómico de sus zonas de influencia, y aunque la industria minera en Colombia no ha sido ajena a tal iniciativa, sus prácticas tradicionales de articulación territorial y de relacionamiento comunitario por años distaron de ser las más efectivas para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios. Si bien es cierto que la corrupción estatal ha sido uno de los mayores obstáculos para que recursos como las regalías se transformen en inversión social local y regional, no se debe desconocer que el esquema legal que rige la actividad minera a nivel nacional, ha promovido el que compañías grandes y medianas lleguen a las regiones a hacer labores de exploración sin mayor preocupación por lo que allí ha habido ancestralmente además de los depósitos minerales de su interés.

La encrucijada actual que vive el sector minero en temas sociales en parte puede ser producto de una reacción natural de las comunidades a diversas salidas en falso que esta industria ha tenido en los territorios, comunidades que hoy distan de ser las aquiescentes poblaciones de antaño. Sumado a ello, en años recientes los movimientos en contra de la minería encontraron eco en algunos órganos de la rama judicial como las altas cortes, que respaldaron sus manifestaciones a través de diferentes fallos, poniendo en entre dicho no solo el desarrollo de importantes proyectos extractivos sino el futuro cercano de las inversiones en ese sector.

Sin embargo, como el péndulo de la causalidad nunca se detiene, la Corte Constitucional (CC) dio un giro en su línea jurisprudencial a partir de su último fallo en materia de consultas populares restringiendo su aplicabilidad en la prohibición de proyectos minero-energéticos. Aun así el debate sigue servido a razón de otros fallos del Consejo de Estado y de la no retroactividad del de la CC, que no solo no afectaría los resultados de las consultas ya votadas, sino el desarrollo de las que ya estaban en proceso de serlo como sucedió con la recientemente votada consulta popular en Fusagasugá.

Más allá de ese berenjenal jurídico sobre el cual el Congreso de la República debe legislar pronto tal cual fue la orden de la CC, lo último que las empresas mineras deberían hacer es enfrascarse en la pelea y celebrar victorias, no solo porque el mencionado péndulo es inexorable, sino porque todo cuanto sucede a personas y organizaciones tiene sus causas por lo general con responsabilidades que asumir. Lo más fácil sería buscar culpables y seguro que los hay: la ineficiencia del aparato estatal, o los que vieron en este río revuelto la oportunidad de hacerse a un dinero o a una curul, entre otras particularidades que nunca van a faltar en el ecosistema sociopolítico nacional.

Como las comunidades, el sector empresarial y en él la industria extractiva tampoco son los que solían ser, pues los asuntos sociales y ambientales hoy son mucho más relevantes en las agendas gerenciales y de juntas directivas de lo que lo eran en décadas pasadas, no obstante hay que afinar el paso pues aún resta mucho camino por recorrer. En ese sentido el reciente fallo de la CC representa una oportunidad en tanto su llamado es al diálogo y a la concertación entre actores disímiles, justamente lo que a lo largo de la historia ha conducido a los avances sociales más estables y significativos cuando las diferencias han apremiado, algo que imperativamente debe ser entendido por todos los actores en esta confrontación.

Aunque no sea una idea muy popular, Colombia requiere de la industria extractiva como fuente de recursos económicos, no obstante la mayor parte de esos dineros deben ser invertidos para que el país dependa cada vez menos de ella tal y como lo han hecho otros países. Así mismo hay que ponerse de acuerdo en que si bien hay zonas en las que definitivamente no se puede hacer minería, hay otras donde sí es posible y existe la forma de hacerla apropiadamente, estos y otros temas deben ser abordados en este gran diálogo nacional que plantea la corte. Mientras todo eso sucede, el  sector minero debe ser altamente innovador y seguir trabajando por mejorar aún más sus prácticas, para que cada vez sea menos la retórica y más los hechos los que demuestren que la actividad minera si puede contribuir al desarrollo sostenible de la nación y sus territorios.